domingo, 4 de mayo de 2008

La Brigada Blanca de Oaxaca

Fuente: Diego Osorno/Milenio

El dirigente estatal del PRI en Oaxaca, Jorge Franco Vargas; la ex procuradora Lizbeth Caña Cadeza y el ex director de la Policía Ministerial Manuel Moreno Rivas, integrantes del primer círculo del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, crearon y dirigieron un grupo policiaco que se dedicó a perseguir a opositores de la administración local y a determinados grupos de narcotraficantes, según testimonios contenidos en las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEIS/057/08 y PGR/SIEDO/UEITA/047-08, a las cuales tuvo acceso MILENIO.

De acuerdo con Luna, alias de un ex funcionario estatal oaxaqueño y ahora testigo protegido de la PGR, el nombre del grupo era Unidad Ministerial de Intervención Táctica (UMIT) y estaba conformado por agentes policiacos de diversas corporaciones que tenían la “confianza” de altos funcionarios para realizar operaciones especiales durante las protestas de 2006 contra la administración estatal priista.

Luna fue testigo en mayo de 2007 del ingreso a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado de dos personas, cuya descripción concuerda con Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, los dos eperristas desaparecidos en 2006.

“Uno tenía los apellidos Pérez Amaya (sic) y días después se enteró de que eran miembros del EPR”, se señala en el documento, y se precisa que “esa detención la hizo el grupo dirigido por Pedro Hernández, subdirector operativo (de la Policía Ministerial), pero no supo adónde fueran canalizadas estas personas, aunque menciona que días después de la detención salieron de la procuraduría”.

Hernández, comandante con 28 años de labor policiaca en Oaxaca, se encuentra actualmente en el Centro Nacional de Arraigos, en la Ciudad de México, junto con su chofer, Ángel Cruz Reyes, y el agente Luis Edgar Toledo. La SIEDO los investiga por la desaparición de Reyes Amaya y Alberto Cruz, eperristas desaparecidos hace más de 11 meses, pero también por sus vínculos con la banda de Los Zetas.

Desaparece grupo especial

“Esa unidad a la que usted se refiere ya no existe. Desde que yo llegué al cargo ya no existe más”, dijo ayer el actual procurador de Oaxaca, Evencio Martínez, consultado vía telefónica sobre las operaciones ilegales de la UMIT, señalada también en la averiguación como “grupo de choque” y equiparada por uno de los agentes encargados de la investigación como algo parecido a la brigada blanca que participó en la guerra sucia de los años 70.

—¿Fue desaparecido este grupo porque actuaba irregularmente?

—No puedo hacer más comentarios.

—¿Ordenó usted investigar la actuación de este grupo?

— No puedo hacer más comentarios... estoy en una reunión con el gobernador.

Martínez asumió la titularidad de la Procuraduría de Justicia local en sustitución de Caña Cadeza, también implicada en la averiguación de la SIEDO. Según estos señalamientos, este grupo operaba en instalaciones policiacas conocidas como Los Pinos, que se encuentran en el municipio conurbano de Santa María Coyotepec. Algunos de los 500 simpatizantes de la APPO detenidos en Oaxaca en 2006 y 2007 declararon en diversas ocasiones que el lugar era “un centro de tortura”.

Participación de Los Zetas

Además de ser señalado directamente por Luna en estos hechos, el ex secretario de Gobierno Jorge Franco Vargas es mencionado como jefe del “comando” que secuestró el 5 de abril de 2007 a Jesús Eugenio Díaz Parada, hermano de Pedro Díaz Parada, capo oaxaqueño de la droga, detenido por la PGR el año pasado. El propio Jesús Eugenio, según se lee en la averiguación previa, asevera que Franco Vargas y el ex director de la Policía Ministerial Manuel Moreno Rivas fueron los autores del secuestro, que tuvo motivos políticos.

Díaz Parada —cuyas imágenes en cautiverio fueron difundidas en youtube.com— acusa a Franco Vargas de crear un comando armado y asegura que fue liberado por sus captores después de las elecciones de octubre pasado. En su declaración afirma que los captores, después de cobrar el rescate, lo dejaron —con los ojos vendados— frente a la iglesia de Xoxocotlán, un municipio cercano a la capital oaxaqueña.

Otros nombres de ex funcionarios que conforman la “burbuja” del gobierno oaxaqueño también son mencionados en la averiguación. Se trata de Alejandro Barrita, ex director de la Policía Auxiliar, ejecutado recientemente en la ciudad de Oaxaca, y José Manuel Vera Salinas, actual jefe policiaco en Cancún, quien encabezó un fallido operativo de desalojo de un plantón magisterial el 14 de junio de 2006, que devino en protestas en la ciudad

Rostros conocidos

En los siete tomos de la indagación se incluyen fotografías de estos funcionarios. El rostro del dirigente priista, Franco Vargas, aparece en toda una página. Otras gráficas que también se anexaron corresponden a los comandantes Dublán Félix y Abel Morales, la agente “Landeta”, el kaibil “Moreno Rivas” y varias mujeres, que pueden ser agentes ministeriales.

También se incluyen fotografías y declaraciones de Vicente Antonio Porras Cisneros, Mario Alberto Guerrero Carraman, Carlos Jesús Navarro Jiménez, Leocadio Miranda Rangel, Juan José López Gómez, Orlando Saucedo Rodríguez, Javier Méndez Suárez, Jesús Antonio Méndez Cruz, Jesús Ruperto Cantúa Badilla, Gerardo Nava Soto, Valentín Albañil Mendoza, Erick Ojeda Morales y Víctor Alfonso Jiménez Peña, todos arraigados actualmente y acusados de ser parte de Los Zetas.

En las averiguaciones no se hacen señalamientos contra elementos de la Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de Investigación, la Armada o el Ejército, corporaciones que también participaron en los operativos en la entidad sureña.

En 2006, una veintena de opositores a Ulises Ruiz murieron en las balaceras de manifestaciones, marchas y barricadas. Dos años después, ninguno de estos homicidios ha sido aclarado.

Hasta ahora.

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El problema de Ulises y el dilema del gobierno

Fuente: Carlos Puig/Milenio



El miércoles 30 de abril, Día del Niño, un borrego, uno de esos rumores que aparecen como un hecho, prendió en las redacciones informativas de la capital: la Procuraduría de Oaxaca estaba a punto de tomar las instalaciones en esa entidad de la Procuraduría General de la República.

Ulises iba a la guerra. La información tenía una lógica implacable. El viernes anterior, elementos de la Procuraduría General de la República, en particular de la SIEDO, y el Ejército habían entrado a varias oficinas de la procuraduría local y de policías ministeriales y habían arrestado al subdirector operativo, Pedro Hernández y, después, al policía ministerial Ángel Reyes Cruz. Además interrogaron a varios otros funcionarios, entre ellos a un pariente del gobernador Ulises Ruiz.

Aunque formalmente la investigación tiene que ver con un secuestro en el que se involucra a gente cercana al gobernador, la misma investigación muestra indicios de que los detenidos podrían tener información sobre la desaparición hace casi un año de los militantes del Ejército Popular Revolucionario Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Sánchez Anaya.

La información fue filtrada con generosidad en la semana, los detenidos se quejaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en paralelo el gobierno recibía una propuesta del EPR para comenzar un diálogo que incluya la resolución de la investigación sobre los desaparecidos.

De repente, pasado el episodio de la toma de la tribuna, la mirada del país regresaba a Oaxaca y al gobierno de Ulises Ruiz.

Como siempre, la turbiedad de la maquinaria judicial nos ha dado información a pedacitos. Como siempre, la operación judicial es oscura e ineficiente, y necesita arraigar tres meses a dos funcionarios locales para enterarse de qué pasó. Para no variar, todo indica que el mayor indicio del gobierno federal es un testigo protegido, por lo tanto anónimo. Y no es de extrañarse que Ulises Ruiz y su gobierno digan que ellos no hicieron nada malo, unos santos, pues.

Para complicar más las cosas, la PGR transportó a México a dos parientes de los desaparecidos para pedirles una muestra de ADN (lo que confirmó que la PGR piensa que los eperristas están muertos). Después de una fallida conversación y, según la hija de Reyes, en la que la PGR se negó a darles información de cómo andaba la investigación, las dos mujeres se regresaron a Oaxaca sin regalarles ni una gota de su saliva.

El miércoles, entonces, las redacciones se preparaban para cubrir la respuesta de Ulises, que según el rumor sería arrestando a miembros de la delegación de la PGR en Oaxaca. Nunca sucedió. Pero estuvo cerca de suceder. Pronto se supo que Ulises había hecho la amenaza y después de una negociación se detuvo el operativo… por lo pronto.

La acción se transformó en un desplegado publicado el viernes y firmado por la Diputación Permanente del Congreso de Oaxaca “exigiendo respeto al pacto federal” y acusando a la PGR y al Ejército de, con las acciones del viernes, incurrir en la ilegalidad y de violar la soberanía del estado de Oaxaca. Insinúan acciones legales contra la PGR y el Ejército y, por supuesto, rubrican con “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

El gobierno federal tendrá en las próximas semanas que hacer malabares en un circo de varias pistas. Por un lado, sabe que cualquier intento de diálogo con el EPR tendrá que contener información sobre los desaparecidos. Al mismo tiempo tendrá que decidir, si es que tiene la información, si actúa contra funcionarios cercanos a Ruiz y, por tanto, pone en riesgo su alianza legislativa con el Partido Revolucionario Institucional.

Esa alianza tan necesaria los próximos meses en que se debatirá y se legislará sobre la reforma energética.

No hay reforma sin PRI, y no creo que haya PRI para la reforma sin Ulises a bordo.

¿Por qué dudó Ulises el miércoles? ¿El borrego fue sólo un acto de intimidación? ¿Qué fue lo que convirtió un operativo policiaco en un desplegado?

Necesitará el gobierno de Calderón hilar fino.

Tiene en alguna casa de arraigos, a un par de funcionarios oaxaqueños, tiene una averiguación previa en que involucra al actual dirigente del PRI estatal, buen amigo del gobernador, en presuntas actividades delictivas.

Tiene como prioridad sacar adelante una reforma energética contra un movimiento en las calles que seguramente no aceptará nada que no sea lo que él quiere, más allá de debates o referendos.

Y ahora, puede sentar a dialogar a un grupo armado, cuyas acciones el año pasado le costaron millones y millones al país, y cuya voluntad de no reincidir depende de lo que el gobierno haga frente a Ulises.

No está fácil.

Si hay talento, es el momento de usarlo.

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Oaxaca: funcionarios ¿y delincuentes?

PLAZA PÚBLICA
Fuente:Miguel Ángel Granados Chapa/reforma
4 May. 08

A unos días de que se cumpla un año de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez las indagatorias del caso empiezan a moverse. Aunque el repentino activismo ministerial despierta sospechas

Aunque en el círculo cercano al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, no las tienen todas consigo, la vida rumbosa no pierde su lugar: a la boda (en el suntuoso templo de Santo Domingo) de Alma Rosa Franco Vargas y Ricardo Ruiz Zaragoza acudieron Jorge, hermano de la novia, y Lizbeth Caña, madrina de los contrayentes. Jorge Franco Vargas fue secretario de Gobierno hasta 2006 y ahora encabeza el comité estatal del PRI; ella actuó como procuradora de Justicia antes de pretender ser diputada local (lo que, paradójicamente fue impedido por el avasallador éxito priista en las elecciones legislativas del año pasado, que dejó sin oportunidad a quienes como ella estaban en la lista plurinominal). Para resarcirla de su derrota individual, Ruiz la hizo volver al gobierno, esta vez como auditora general.

Sus nombres están hoy en la prensa no sólo por sus funciones públicas y su esparcimiento social, sino porque figuran en una averiguación previa integrada por el Ministerio Público federal. Jesús Díaz Parada, quien permaneció secuestrado de abril a octubre del año pasado, y por cuya libertad su familia pagó una suma no revelada, fue convocado en febrero por la delegación de la PGR en Oaxaca. Allí Díaz Parada, conocido como Don Chuy, hermano del narcotraficante Pedro Díaz Parada, señaló a Jorge Franco como "el responsable de ordenar su plagio; al ex jefe de la Policía Ministerial Manuel Moreno, de llevarlo a cabo" y a Caña "de facilitar el vehículo en que fue secuestrado". Dijo saberlo porque así se lo había confiado uno de sus secuestradores, que lo cuidaba en la casa de seguridad donde permaneció seis meses, que era al mismo tiempo agente ministerial. En un fenómeno inverso al síndrome de Estocolmo (en el que las víctimas simpatizan con sus verdugos), el secuestrador chismeaba con el secuestrado sobre la vida cotidiana de la Procuraduría oaxaqueña. Mencionó en sus conversaciones a Ángel Reyes Cruz, apodado El Chicharrón o El Chicharrín, quien habría "matado a un perro muy fino de un doctor o ingeniero" (Reforma, 3 de mayo).

El nombre y el alias de Reyes Cruz figuraban ya en otra averiguación previa federal, muy anterior, y por hechos más graves. Otro agente policiaco lo había involucrado, desde noviembre del año pasado, en la detención de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez ocurrida el 25 de mayo de 2007, hecho en que habría participado también su jefe, Pedro Hernández. Cinco meses después de la declaración de un testigo protegido (cuyo nombre se oculta pero cuya identidad ha sido reconocida aun por su antiguo jefe, el ahora presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Anuar Mafud, de quien fue escolta), el Ministerio Público federal detuvo a Hernández y a Reyes, quienes están desde la semana pasada sometidos a arraigo durante 90 días para determinar si se les acusa formalmente por esa captura, cuyas víctimas fueron hechas desaparecer y que eran, no agentes policiacos de otra entidad como habrían supuesto sus captores, sino miembros de alto rango del EPR.

La detención de los policías Pedro Hernández y Ángel Reyes ocurrió en el marco de una batida que inquietó y escandalizó a los legisladores que integran la diputación permanente del Congreso oaxaqueño, quienes describen así los hechos:

"El día viernes 25 de abril, elementos del Ejército mexicano, de la Policía Federal Preventiva y agentes del Ministerio Público de la Federación, realizaron dos incursiones en instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado: la primera, a las 09:00 horas en el cuartel de la policía ministerial, en la cual aseguraron al subdirector operativo Pedro Hernández Hernández, y la segunda, a la misma hora, en las oficinas que ocupa la Subprocuraduría Regional de la Costa, con sede en Puerto Escondido, en la que aseguraron al agente de la policía ministerial Ángel Reyes Cruz, con placa número 421.

"El mismo día, por la tarde, a partir de las 18:00 horas, elementos del Ejército mexicano, de la Policía Federal Preventiva y una persona que dijo llamarse licenciado Jesús Cárdenas Méndez, agente del Ministerio Público adscrito a la SIEDO, sin acreditarlo ni mostrar documento alguno, llevaron a cabo nuevos actos ahora sobre los archivos de la Procuraduría General del estado, por lo que el titular de la dependencia, doctor Evencio Nicolás Martínez, ante el ejercicio de la fuerza y para evitar confrontaciones, procedió a facilitar la revisión solicitada (una vez concluida la cual) se retiraron de sus instalaciones".

Esa narración forma parte de un alegato en que los diputados locales exigen "respeto al pacto federal". No son los mismos, porque hubo ya elecciones, pero en 2006 legisladores locales exigían lo mismo, que el pacto federal se cumpliera y llegara la fuerza pública a Oaxaca en apoyo del gobernador, extremo que se cumplió eficazmente, al punto de que el gobernador sigue en funciones en virtud de la decisión federal de sostenerlo. Para los legisladores de ahora, respetar el pacto federal significa no molestar a los funcionarios cercanos a Ruiz, por lo que expresaron su "enérgica protesta por los actos arbitrarios e inconstitucionales cometidos durante el día 25 de abril de 2008, por autoridades ministeriales federales, fuerzas de seguridad pública federal y Ejército mexicano en instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca".

No lo dicen los diputados, pero en la operación que denuncian fue también detenido y traído a la Ciudad de México, aunque enseguida volvió a Oaxaca sin que se le fincara responsabilidad legal alguna, Eduardo Romero Ruiz García, primo del gobernador, y director de servicios periciales de la Procuraduría estatal. A funcionarios de ésa y otras oficinas locales se les indaga también por otros delitos. Desde la policía ministerial, por ejemplo, se otorgaba protección a una partida de Zetas, los sicarios de Osiel Cárdenas Guillén (que con seguridades similares a ésa puede permitirse insolencias como organizar fiestas con motivo del Día del niño).

Formalmente están en curso tres averiguaciones públicas federales, la más antigua de las cuales se refiere a la detención-desaparición de los eperristas cuya presentación exigen sus compañeros, y en relación con la cual se practicaron las detenciones del 25 de abril. Iniciada hace 11 meses, sólo ahora se producen indicios de que se mueve. Nadin Reyes y Margarita Cruz, hija y hermana de los desaparecidos, fueron invitadas, con boleto pagado, a presentarse ante la SIEDO en el Distrito Federal. Se les pidió que accedieran a practicarse pruebas de ADN para compararlo con el de cadáveres recientemente hallados. Sorprendidas por el súbito activismo ministerial, ambas aceptaron practicarse la prueba correspondiente a condición de que se les permita acceso a la averiguación previa donde puede haber indicios sobre la suerte de su padre y hermano, a lo que la SIEDO se negó.

Reflejando la preocupación de su jefe político, el gobernador, los diputados oxaqueños atribuyen a ese activismo de la PGR un significado político. Estiman los legisladores que esos actos "implican una desestabilización política, una violación a la autonomía de la entidad, una invasión a la competencia de las autoridades, un atentado contra el principio de seguridad jurídica y una violación a los derechos humanos y constitucionales que asisten a los detenidos, lo que repercute en detrimento del Estado de derecho, según se advierte de la campaña mediática desatada en contra del estado de Oaxaca y sus autoridades, que es consecuencia de la que se inició desde el año 2006".

Según los ofendidos y clarividentes diputados de Ruiz, "los datos que está recabando inconstitucionalmente la SIEDO, son los que se están filtrando para fortalecer una campaña mediática ante la opinión pública, amén de que todo deriva de informes sesgados que se asegura han rendido diversas autoridades de inteligencia o hasta testigos protegidos, a los que presentan (sic) con alias y como ex funcionarios de la administración pública del estado de Oaxaca".

Ante la proximidad del aniversario de la captura y desaparición de Reyes y Cruz y el riesgo de que la fecha sea marcada por una nueva acción armada del EPR (sobre todo si el diálogo solicitado por éste no prospera), ¿será que el gobierno federal se dispone a abandonar su alianza con Ulises Ruiz?


Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com


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La Razón de Nadín

LA COLUMNA ROTA
VERÓNICA VILLALVAZO



Desaparición forzada termino jurídico con el cual el que diversos textos internacionales, entre ellos la "Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas" y la legislación penal de varios países denominan un tipo de delito complejo, que supone la violación grave de múltiples derechos humanos y que cometido en determinadas circunstancias de práctica generalizada o sistemática, también es calificado de crimen de lesa humanidad.

En México seguimos inmersos en el tercer mundo contamos con todas esas características comunes como lo son, la base económica agraria, exportación de materias primas, una economía endeudada con los países más industrializados y escasa infraestructura. La democracia no consigue mucha estabilidad en la mayoría de países del tercer mundo, donde se dan más frecuentemente gobiernos autoritarios o populistas. La razón por la que seguimos en este tercer mundo es simple; no hay cuarto mundo.
Nadin Reyes desde hace casi un año busca a su padre, Edmundo Reyes Amaya, ella ignora si él pertenece al Ejército Popular Revolucionario (EPR), desde el pasado 25 de mayo se encuentra desaparecido, Nadin recurrió con el Lic. Jesús Urioste encargado del departamento del programa de presuntos desaparecidos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, le tomaron declaración argumentado que ellos verían que podían hacer y no paso nada, trato de poner una denuncia el día martes 17 julio de 2007 en la Delegación de la Procuraduría General de la República en Oaxaca situación que le fue negada argumentándole que no era de su competencia por lo que su denuncia no fue tomada, Se acercó a la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, en México D.F. y ahora en Oaxaca, organismo que es el único se ha mantenido cerca de ella, a pesar de las amenazas como lo señalaron recientemente, realizó cartas cada mes para exigir sean presentados, se acerco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Comisión Civil de Observadores de Derechos Humanos, entre muchas otras, realizó el” FORO - SIGLO XXI: LA DESAPARICION FORZADA, UNA POLITICA VIGENTE EN EL ESTADO MEXICANO” y las respuestas de los gobiernos estatal y federal siempre fue negar que Edmundo y Gabriel se encuentren detenidos en algún penal, lo lamentable en aquellos primeros momentos para Nadín era que algunos medios de comunicación al acercarse a ella pretendían les diera respuestas de las acciones del EPR, o trataban de responsabilizarla de las acciones que este grupo realizaba, tal pareciera que el verdugo era ella, la situación de esta chica de 24 años en este momento es desesperación. La angustia a lo desconocido, la sensación de un doble discurso generan en cualquier ser humano como lo maneja (Watzlawick en la "TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA") una situación de psicosis, al no checar lo que se ve y lo que se habla, este es el mensaje que el sistema gubernamental ha dejado en Nadín, desde hace casi un año lo único que reclama es la presencia de su padre. Hoy después de las detención de Pedro Hernández comandante de la Policía Ministerial de Oaxaca, el llamado del Lic Alejandro Hernández encargado de la Investigación en torno a desaparecidos en la SIEDO, solo para requerirle una prueba de ADN para qué fuera comparada con los muchos cuerpos que hay en calidad de desconocidos, una prueba que Nadín no se niega a realizar siempre y cuando lo hagan las autoridades como debe de ser por escrito y con todo lo que las Instituciones piden se haga bajo los protocoles necesarios, hoy en medio de todo lo que se está dando, más allá de la nota, más allá del interés que ha despertado nuevamente esta mujer en los medios de comunicación Nadín está contrariada, asustada ante la confirmación, ella tenía razón en todo lo que solicitaba y exigía tanto al gobierno federal como estatal.



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