lunes, 27 de julio de 2009

Asesinato de Barrita relacionado con narcomenudeo: Raymundo Riva Palacio

Fuente: El Financiero/ Raymundo Riva Palacio
Oaxaca de Juárez.- Crimen de Estado. Estrictamente Personal.

La tarde del 24 de abril de 2007 sucedieron tres incidentes en el Centro Histórico de esta capital aparentemente de forma independiente, pero que se entremezclaron y se convirtieron en un asunto de seguridad nacional. Esa tarde, policías municipales vieron entrar a unas personas armadas al Hotel El Árbol, y se ordenó detenerlos. Al mismo tiempo, policías locales y militares realizaban un operativo contra narcomenudistas en esa misma zona, y los dirigentes del EPR Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, eran dejados tras una reunión de trabajo, pues más tarde, tendrían otra en el mismo perímetro.

Su desaparición -el primero es hermano del jefe del EPR, Tiburcio Cruz Sánchez- provocó que la guerrilla estallara bombas en ductos de Pemex en Veracruz y Guanajuato. Al crearse una Comisión de Mediación integrada por intelectuales y activistas, para que el gobierno federal informara el destino de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, decretó una tregua unilateral. La Comisión se desintegró por los malos resultados, y hoy en día, a ciencia cierta, en Los Pinos no saben qué pasó con ellos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificó este año a la policía ministerial de esta capital como la principal responsable de la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, aunque arroja sospechas también sobre otras policías estatales y la VIII Región Militar, que encabezaba el general Juan Alfredo Oropeza Garnica. Aunque la investigación que realizó ese órgano es la más completa y exhaustiva que se ha hecho hasta la fecha, tampoco es concluyente.

La CNDH soporta su caso en un fallo judicial que acepta que la última vez que los vieron los tenía la policía ministerial, pero este dato se sustentó en testigos de oídas. El gobierno de Oaxaca también fue la principal línea de investigación del gobierno federal a lo largo de dos años, pero ahora ya admiten que no encontraron nada. La investigación fue iniciada por el exsecretario de Gobernación Carlos Abascal, y continuada en el sexenio de Felipe Calderón. En su momento, el exsecretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño dijo estar seguro de que el gobernador Ulises Ruiz y su operador político Jorge Franco -quien vivía en el extranjero cuando sucedieron las desapariciones- eran responsables, pero reconoció que no habían podido probárselo. Sospechaban de ellos a partir de que todos los jefes policiales que estaban en funciones en el momento de la desaparición, habían sido asesinados. Al avanzar la investigación el caso se volvió más complejo.

Un grupo de policías locales sí acudió a detener a los hombres armados que estaban en el Hotel El Árbol, quienes resultaron ser agentes ministeriales de Chiapas que buscaban a un delincuente de aquel estado. Los otros 200 que dirigía Alejandro Barrita, jefe de un grupo especial de la Policía Bancaria Industrial, y un coronel que sólo identificó como "Suárez", al frente de una unidad del Ejército, que originalmente se dijo habían acudido al hotel donde se encontraban los eperristas -que nunca estuvieron ahí-, participaban en el operativo contra narcomenudistas.

Nueva información ha venido emergiendo en los últimos meses. El gobierno federal estableció que el asesinato de Barrita, en enero de 2008 en Oaxaca, estuvo relacionado con el narcomenudeo. Pero no tuvo su origen en aquel operativo de abril, sino en que un mes antes de que lo ejecutaran, de acuerdo con funcionarios locales que conocen el episodio, "se cargó a dos narcomenudistas y le cobraron la factura". Por otra parte, se comprobó que las acusaciones directas al gobierno y funcionarios de Ruiz, fueron "fabricadas" o cuando menos inducidas por el general Oropeza Garnica, quien fue destituido de su cargo este año.

No se saben las razones del general Oropeza Garnica para haber querido inculpar a Franco, hoy en día presidente del PRI en el estado y diputado electo, como autor intelectual de las desapariciones, pero una información que sigue circulando entre militares y organizaciones sociales en Oaxaca, es que Cruz Sánchez y Reyes Amaya -aparentemente detenidos durante la operación contra el narcomenudeo en la zona-, fueron llevados a la VIII Región Militar, donde los torturaron. Uno de ellos no sobrevivió el castigo, y con ello, la suerte del otro también quedó definida.

Desde el principio hubo sospechas sobre los militares, pero el secretario de la Defensa, Guillermo Galván, a pregunta expresa del presidente durante una reunión de gabinete, aseguró que el Ejército no era responsable. La información en el gobierno federal exonera a la institución, pero al no haber podido tener acceso a ella la CNDH, la duda permanece. Más aún tras el relevo de Oropeza Garnica.

La situación para el gobierno federal es delicada, pues las valoraciones son que el EPR está esperando el cabalístico 2010 para reiniciar operaciones militares, como lo sugirieron en diversos comunicados antes de las elecciones del 5 de julio. El gobierno sólo ha podido avanzar en la identificación de los responsables de los bombazos contra Pemex, mientras el EPR se prepara para el próximo año, que continuó con secuestros y acumuló aproximadamente 15 millones de dólares en este tiempo. El fondo y forma de sus comunicados refleja que sus jefes no están huyendo, y que tienen tiempo para pensar y planear.

La desaparición de la Comisión de Mediación no ayuda al gobierno, que tendría que reactivar sus contactos con los mediadores y mantener abierto un vehículo de comunicación informal con el EPR para ganar tiempo. Por supuesto, no bastará. Una señal de apertura de nuevas líneas de investigación sería altamente provechosa para alejar la posibilidad del reinicio de acciones armadas de la guerrilla. En la Región Militar VIII, por ejemplo, aunque no necesariamente tengan que anunciarlo.



rrivapalacio@ejecentral.com.mx


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miércoles, 15 de julio de 2009

EL ESTADO MEXICANO RIDICULO ANTE LAS ACUSACIONES DE LESA HUMANIDAD



Video y texto sobre Juan Sosa Verónica Villalvazo/fridaguerrera
Oaxaca de Juárez, Oax.:-Juan Sosa Maldonado ex preso político recordó este 15 de julio el día en que fue detenido hace once años; argumentandole pertenecer al Ejercito Popular Revolucionario (EPR).

A las afueras de la Catedral de la capital oaxaqueña expresó que es absurda la comparecencia del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en representación del gobierno mexicano y la defensa que hace del ejército, en el juicio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le sigue al Estado Mexicano por delitos de lesa humanidad, concretamente en el caso de la Desaparición Forzada de Rosendo Radilla el cual fue detenido el 25 de agosto de 1974, en un retén militar cerca de Acapulco Guerrerro por militares hace 35 años.

Dijo dicha desaparición es una prueba irrefutable del carácter fascista del gobierno de Felipe Calderón y de la impunidad que desde las más altas esferas del poder se les brinda a los militares, cuerpos policiacos y a todos los implicados en delitos de lesa humanidad.

Así mismo responsabilizo al entonces secretario de Gobernación y ex gobernador de Oaxaca Diódoro Carrasco Altamirano, así como al ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León de la desaparición forzada, tortura física y psicológica, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y todo tipo de violaciones a derechos humanos en la continuidad de la guerra sucia en Oaxaca de 1996 a la fecha, y la cual no ha prescrito. En tanto indico la inactividad de la Procuraduría General de la República en la Averiguación Previa PGR/FEMOSPP/045/2002 en la denuncia que interpuso ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado “es clara evidencia de la impunidad que a estos personajes se les promueve”.

El activista señalo que las cosas no han cambiado muestra de ellos son los casos en el estado de Oaxaca de las indígenas triquis Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, el indígena Chatino Lauro Juárez, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, “desapariciones forzadas que en el sexenio de Ulises Ruíz Ortiz han sido denunciados y documentados ampliamente por sus familiares, aunque desgraciadamente no son los únicos”.

Sosa Maldonado visiblemente molesto expuso el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, luchadores sociales que han sido reivindicados por el PDPR-EPR y para el que se integró una Comisión de Mediación;“este caso particularmente muestra la continuidad de las prácticas contrainsurgentes en nuestro país”.

Juan Sosa enfatizó que a pesar de la criminalización social que existe en el país, particularmente en el estado de Oaxaca seguirá trabajando intensamente por la defensa de los Derechos Humanos, así como en la exigencia de la presentación con vida de todas y todos los desaparecidos, la libertad de todas y todos los presos políticos y de conciencia y el castigo a los responsables.Concluyó
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Video de la herida abierta sobre el caso de Rosendo Radilla


fuente http://www.cmdpdh.org

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDH)



YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.

VERÓNICA VILLALVAZO(FRIDAGUERRERA)



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