sábado, 27 de septiembre de 2008

El gobierno de México incita a la tortura y la desaparición forzada

domingo 21 de septiembre de 2008


■ Cejil: impulsa políticas represivas con el aumento de condenas

■ Permite la impunidad en violaciones a derechos humanos, señala
Emir Olivares Alonso

El Estado mexicano está obligado a garantizar la seguridad pública nacional bajo una perspectiva de derechos humanos, y sin embargo, ha impulsado políticas “represivas” como el aumento de penas y el incremento del arraigo hasta por 80 días, con lo que vulnera acuerdos internacionales e incita a prácticas como la tortura, la desaparición forzada y las detenciones arbitrarias, aseguró Soraya Long, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos.

En entrevista, tras una visita de trabajo que esa organización realizó a México y que finalizó la semana pasada, Long aseguró que en distintos acuerdos y organizaciones globales se establece que aún en situaciones de terrorismo, los Estados deben establecer pautas básicas que garanticen los derechos fundamentales.

Asimismo, denunció que el Estado mexicano permite la impunidad en las violaciones a las garantías fundamentales, pues no ha cumplido completamente ninguna de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pese a haber ratificado el Sistema Interamericano en la temática. Con esa actitud, dijo, el gobierno de México demuestra su doble discurso en la materia.

Al hacer un estudio de la situación de las garantías fundamentales en el país, la directora del Cejil afirmó: “en México no se garantiza la seguridad pública desde la óptica de los derechos humanos, se ha omitido; por ejemplo, no vemos que exista ninguna garantía en temas como protección judicial o debido proceso dentro del marco de seguridad nacional”.
La activista recordó que las autoridades mexicanas están obligadas a brindar seguridad con base en una perspectiva en garantías fundamentales, por lo que al no hacerlo –como sucede con la política de Felipe Calderón Hinojosa– el Estado mexicano está vulnerado normativa internacional.

Las autoridades de este país “no pueden, por un lado, fomentar temas de seguridad represivos olvidándose de los derechos humanos porque con ello justifican la tortura, la detención arbitraria, la desaparición forzada y otros en aras de la seguridad nacional”, subrayó.
Agregó que el Estado mexicano ha incumplido con las recomendaciones de la CIDH, siendo las denuncias contra militares por violaciones a derechos humanos los que más resistencia generan de parte de las autoridades de este país.

“Con esto, el Estado mantiene un doble discurso: de liderazgo y promoción de esas garantías en el exterior, pero a nivel local no garantiza los derechos fundamentales, incumple con obligaciones internacionales y no armoniza la legislación interna con la externa”. Agregó que el incumplimiento radica básicamente en que no se presenta la reparación de daño a las víctimas ni se impulsan las investigaciones para sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos.

Señaló que al incumplir con la CIDH, México no muestra interés, intención ni voluntad de garantizar los derechos humanos, y pone en duda que cuente con voluntad política para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana, organismo judicial que ya analiza dos casos: la desaparición forzada en la década de los 70 de Rosendo Radilla, en Guerrero; y el conocido como “campo algodonero”, referente a las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua





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