lunes, 27 de julio de 2009
Asesinato de Barrita relacionado con narcomenudeo: Raymundo Riva Palacio
Fuente: El Financiero/ Raymundo Riva Palacio
Oaxaca de Juárez.- Crimen de Estado. Estrictamente Personal.
La tarde del 24 de abril de 2007 sucedieron tres incidentes en el Centro Histórico de esta capital aparentemente de forma independiente, pero que se entremezclaron y se convirtieron en un asunto de seguridad nacional. Esa tarde, policías municipales vieron entrar a unas personas armadas al Hotel El Árbol, y se ordenó detenerlos. Al mismo tiempo, policías locales y militares realizaban un operativo contra narcomenudistas en esa misma zona, y los dirigentes del EPR Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, eran dejados tras una reunión de trabajo, pues más tarde, tendrían otra en el mismo perímetro.
Su desaparición -el primero es hermano del jefe del EPR, Tiburcio Cruz Sánchez- provocó que la guerrilla estallara bombas en ductos de Pemex en Veracruz y Guanajuato. Al crearse una Comisión de Mediación integrada por intelectuales y activistas, para que el gobierno federal informara el destino de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, decretó una tregua unilateral. La Comisión se desintegró por los malos resultados, y hoy en día, a ciencia cierta, en Los Pinos no saben qué pasó con ellos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificó este año a la policía ministerial de esta capital como la principal responsable de la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, aunque arroja sospechas también sobre otras policías estatales y la VIII Región Militar, que encabezaba el general Juan Alfredo Oropeza Garnica. Aunque la investigación que realizó ese órgano es la más completa y exhaustiva que se ha hecho hasta la fecha, tampoco es concluyente.
La CNDH soporta su caso en un fallo judicial que acepta que la última vez que los vieron los tenía la policía ministerial, pero este dato se sustentó en testigos de oídas. El gobierno de Oaxaca también fue la principal línea de investigación del gobierno federal a lo largo de dos años, pero ahora ya admiten que no encontraron nada. La investigación fue iniciada por el exsecretario de Gobernación Carlos Abascal, y continuada en el sexenio de Felipe Calderón. En su momento, el exsecretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño dijo estar seguro de que el gobernador Ulises Ruiz y su operador político Jorge Franco -quien vivía en el extranjero cuando sucedieron las desapariciones- eran responsables, pero reconoció que no habían podido probárselo. Sospechaban de ellos a partir de que todos los jefes policiales que estaban en funciones en el momento de la desaparición, habían sido asesinados. Al avanzar la investigación el caso se volvió más complejo.
Un grupo de policías locales sí acudió a detener a los hombres armados que estaban en el Hotel El Árbol, quienes resultaron ser agentes ministeriales de Chiapas que buscaban a un delincuente de aquel estado. Los otros 200 que dirigía Alejandro Barrita, jefe de un grupo especial de la Policía Bancaria Industrial, y un coronel que sólo identificó como "Suárez", al frente de una unidad del Ejército, que originalmente se dijo habían acudido al hotel donde se encontraban los eperristas -que nunca estuvieron ahí-, participaban en el operativo contra narcomenudistas.
Nueva información ha venido emergiendo en los últimos meses. El gobierno federal estableció que el asesinato de Barrita, en enero de 2008 en Oaxaca, estuvo relacionado con el narcomenudeo. Pero no tuvo su origen en aquel operativo de abril, sino en que un mes antes de que lo ejecutaran, de acuerdo con funcionarios locales que conocen el episodio, "se cargó a dos narcomenudistas y le cobraron la factura". Por otra parte, se comprobó que las acusaciones directas al gobierno y funcionarios de Ruiz, fueron "fabricadas" o cuando menos inducidas por el general Oropeza Garnica, quien fue destituido de su cargo este año.
No se saben las razones del general Oropeza Garnica para haber querido inculpar a Franco, hoy en día presidente del PRI en el estado y diputado electo, como autor intelectual de las desapariciones, pero una información que sigue circulando entre militares y organizaciones sociales en Oaxaca, es que Cruz Sánchez y Reyes Amaya -aparentemente detenidos durante la operación contra el narcomenudeo en la zona-, fueron llevados a la VIII Región Militar, donde los torturaron. Uno de ellos no sobrevivió el castigo, y con ello, la suerte del otro también quedó definida.
Desde el principio hubo sospechas sobre los militares, pero el secretario de la Defensa, Guillermo Galván, a pregunta expresa del presidente durante una reunión de gabinete, aseguró que el Ejército no era responsable. La información en el gobierno federal exonera a la institución, pero al no haber podido tener acceso a ella la CNDH, la duda permanece. Más aún tras el relevo de Oropeza Garnica.
La situación para el gobierno federal es delicada, pues las valoraciones son que el EPR está esperando el cabalístico 2010 para reiniciar operaciones militares, como lo sugirieron en diversos comunicados antes de las elecciones del 5 de julio. El gobierno sólo ha podido avanzar en la identificación de los responsables de los bombazos contra Pemex, mientras el EPR se prepara para el próximo año, que continuó con secuestros y acumuló aproximadamente 15 millones de dólares en este tiempo. El fondo y forma de sus comunicados refleja que sus jefes no están huyendo, y que tienen tiempo para pensar y planear.
La desaparición de la Comisión de Mediación no ayuda al gobierno, que tendría que reactivar sus contactos con los mediadores y mantener abierto un vehículo de comunicación informal con el EPR para ganar tiempo. Por supuesto, no bastará. Una señal de apertura de nuevas líneas de investigación sería altamente provechosa para alejar la posibilidad del reinicio de acciones armadas de la guerrilla. En la Región Militar VIII, por ejemplo, aunque no necesariamente tengan que anunciarlo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
!HASTA ENCONTRARLOS!
Oaxaca de Juárez.- Crimen de Estado. Estrictamente Personal.
La tarde del 24 de abril de 2007 sucedieron tres incidentes en el Centro Histórico de esta capital aparentemente de forma independiente, pero que se entremezclaron y se convirtieron en un asunto de seguridad nacional. Esa tarde, policías municipales vieron entrar a unas personas armadas al Hotel El Árbol, y se ordenó detenerlos. Al mismo tiempo, policías locales y militares realizaban un operativo contra narcomenudistas en esa misma zona, y los dirigentes del EPR Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, eran dejados tras una reunión de trabajo, pues más tarde, tendrían otra en el mismo perímetro.
Su desaparición -el primero es hermano del jefe del EPR, Tiburcio Cruz Sánchez- provocó que la guerrilla estallara bombas en ductos de Pemex en Veracruz y Guanajuato. Al crearse una Comisión de Mediación integrada por intelectuales y activistas, para que el gobierno federal informara el destino de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, decretó una tregua unilateral. La Comisión se desintegró por los malos resultados, y hoy en día, a ciencia cierta, en Los Pinos no saben qué pasó con ellos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificó este año a la policía ministerial de esta capital como la principal responsable de la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, aunque arroja sospechas también sobre otras policías estatales y la VIII Región Militar, que encabezaba el general Juan Alfredo Oropeza Garnica. Aunque la investigación que realizó ese órgano es la más completa y exhaustiva que se ha hecho hasta la fecha, tampoco es concluyente.
La CNDH soporta su caso en un fallo judicial que acepta que la última vez que los vieron los tenía la policía ministerial, pero este dato se sustentó en testigos de oídas. El gobierno de Oaxaca también fue la principal línea de investigación del gobierno federal a lo largo de dos años, pero ahora ya admiten que no encontraron nada. La investigación fue iniciada por el exsecretario de Gobernación Carlos Abascal, y continuada en el sexenio de Felipe Calderón. En su momento, el exsecretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño dijo estar seguro de que el gobernador Ulises Ruiz y su operador político Jorge Franco -quien vivía en el extranjero cuando sucedieron las desapariciones- eran responsables, pero reconoció que no habían podido probárselo. Sospechaban de ellos a partir de que todos los jefes policiales que estaban en funciones en el momento de la desaparición, habían sido asesinados. Al avanzar la investigación el caso se volvió más complejo.
Un grupo de policías locales sí acudió a detener a los hombres armados que estaban en el Hotel El Árbol, quienes resultaron ser agentes ministeriales de Chiapas que buscaban a un delincuente de aquel estado. Los otros 200 que dirigía Alejandro Barrita, jefe de un grupo especial de la Policía Bancaria Industrial, y un coronel que sólo identificó como "Suárez", al frente de una unidad del Ejército, que originalmente se dijo habían acudido al hotel donde se encontraban los eperristas -que nunca estuvieron ahí-, participaban en el operativo contra narcomenudistas.
Nueva información ha venido emergiendo en los últimos meses. El gobierno federal estableció que el asesinato de Barrita, en enero de 2008 en Oaxaca, estuvo relacionado con el narcomenudeo. Pero no tuvo su origen en aquel operativo de abril, sino en que un mes antes de que lo ejecutaran, de acuerdo con funcionarios locales que conocen el episodio, "se cargó a dos narcomenudistas y le cobraron la factura". Por otra parte, se comprobó que las acusaciones directas al gobierno y funcionarios de Ruiz, fueron "fabricadas" o cuando menos inducidas por el general Oropeza Garnica, quien fue destituido de su cargo este año.
No se saben las razones del general Oropeza Garnica para haber querido inculpar a Franco, hoy en día presidente del PRI en el estado y diputado electo, como autor intelectual de las desapariciones, pero una información que sigue circulando entre militares y organizaciones sociales en Oaxaca, es que Cruz Sánchez y Reyes Amaya -aparentemente detenidos durante la operación contra el narcomenudeo en la zona-, fueron llevados a la VIII Región Militar, donde los torturaron. Uno de ellos no sobrevivió el castigo, y con ello, la suerte del otro también quedó definida.
Desde el principio hubo sospechas sobre los militares, pero el secretario de la Defensa, Guillermo Galván, a pregunta expresa del presidente durante una reunión de gabinete, aseguró que el Ejército no era responsable. La información en el gobierno federal exonera a la institución, pero al no haber podido tener acceso a ella la CNDH, la duda permanece. Más aún tras el relevo de Oropeza Garnica.
La situación para el gobierno federal es delicada, pues las valoraciones son que el EPR está esperando el cabalístico 2010 para reiniciar operaciones militares, como lo sugirieron en diversos comunicados antes de las elecciones del 5 de julio. El gobierno sólo ha podido avanzar en la identificación de los responsables de los bombazos contra Pemex, mientras el EPR se prepara para el próximo año, que continuó con secuestros y acumuló aproximadamente 15 millones de dólares en este tiempo. El fondo y forma de sus comunicados refleja que sus jefes no están huyendo, y que tienen tiempo para pensar y planear.
La desaparición de la Comisión de Mediación no ayuda al gobierno, que tendría que reactivar sus contactos con los mediadores y mantener abierto un vehículo de comunicación informal con el EPR para ganar tiempo. Por supuesto, no bastará. Una señal de apertura de nuevas líneas de investigación sería altamente provechosa para alejar la posibilidad del reinicio de acciones armadas de la guerrilla. En la Región Militar VIII, por ejemplo, aunque no necesariamente tengan que anunciarlo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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miércoles, 15 de julio de 2009
EL ESTADO MEXICANO RIDICULO ANTE LAS ACUSACIONES DE LESA HUMANIDAD
Video y texto sobre Juan Sosa Verónica Villalvazo/fridaguerrera
Oaxaca de Juárez, Oax.:-Juan Sosa Maldonado ex preso político recordó este 15 de julio el día en que fue detenido hace once años; argumentandole pertenecer al Ejercito Popular Revolucionario (EPR).
A las afueras de la Catedral de la capital oaxaqueña expresó que es absurda la comparecencia del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en representación del gobierno mexicano y la defensa que hace del ejército, en el juicio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le sigue al Estado Mexicano por delitos de lesa humanidad, concretamente en el caso de la Desaparición Forzada de Rosendo Radilla el cual fue detenido el 25 de agosto de 1974, en un retén militar cerca de Acapulco Guerrerro por militares hace 35 años.
Dijo dicha desaparición es una prueba irrefutable del carácter fascista del gobierno de Felipe Calderón y de la impunidad que desde las más altas esferas del poder se les brinda a los militares, cuerpos policiacos y a todos los implicados en delitos de lesa humanidad.
Así mismo responsabilizo al entonces secretario de Gobernación y ex gobernador de Oaxaca Diódoro Carrasco Altamirano, así como al ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León de la desaparición forzada, tortura física y psicológica, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y todo tipo de violaciones a derechos humanos en la continuidad de la guerra sucia en Oaxaca de 1996 a la fecha, y la cual no ha prescrito. En tanto indico la inactividad de la Procuraduría General de la República en la Averiguación Previa PGR/FEMOSPP/045/2002 en la denuncia que interpuso ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado “es clara evidencia de la impunidad que a estos personajes se les promueve”.
El activista señalo que las cosas no han cambiado muestra de ellos son los casos en el estado de Oaxaca de las indígenas triquis Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, el indígena Chatino Lauro Juárez, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, “desapariciones forzadas que en el sexenio de Ulises Ruíz Ortiz han sido denunciados y documentados ampliamente por sus familiares, aunque desgraciadamente no son los únicos”.
Sosa Maldonado visiblemente molesto expuso el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, luchadores sociales que han sido reivindicados por el PDPR-EPR y para el que se integró una Comisión de Mediación;“este caso particularmente muestra la continuidad de las prácticas contrainsurgentes en nuestro país”.
Juan Sosa enfatizó que a pesar de la criminalización social que existe en el país, particularmente en el estado de Oaxaca seguirá trabajando intensamente por la defensa de los Derechos Humanos, así como en la exigencia de la presentación con vida de todas y todos los desaparecidos, la libertad de todas y todos los presos políticos y de conciencia y el castigo a los responsables.Concluyó
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Video de la herida abierta sobre el caso de Rosendo Radilla
fuente http://www.cmdpdh.org
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDH)
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.
VERÓNICA VILLALVAZO(FRIDAGUERRERA)
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domingo, 24 de mayo de 2009
REALIZA MARCHA EL COMITÉ HASTA ENCONTRARLOS.
Vide y Texto Verónica Villalvazo/ fridaguerrera.
Oaxaca de Juárez 24 de mayo de 2009.El día de hoy Nadin Reyes Maldonado hija de Edmundo Reyes Amaya Eperrista desaparecido en la Ciudad de Oaxaca el 25 de mayo de 2007 en compañía de Gabriel Cruz Sánchez, realizó una marcha este sábado para exigirle al gobierno estatal la presentación con vida de su padre.
Durante la marcha que se llevo a cabo de la fuente de la siete regiones al zócalo de la capital oaxaqueña, Nadin expuso nuevamente que no claudicara hasta que su padre sea presentado con vida.
En entrevista detalló que no duda de la responsabilidad estatal y federal en la desaparición de su padre, “ el solo luchaba por un país diferente, y si son responsables de algo que los presenten con vida y sean juzgados, pero no utilizando el fascismo para esto” enfatizó.
Nadin adelanto que el día de mañana realizará una protesta en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, para exigir la presentación con vida de su padre y Gabriel Cruz Sánchez.
Durante el mitin la sección 22 en el campamento denuncia que mantiene en el corazón de la capital, le permitió a Reyes Maldonado usará el micrófono para realizar sus denuncia, en la cual estuvieron miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.
VERÓNICA VILLALVAZO(FRIDAGUERRERA)
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A DOS AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE EDMUNDO Y GABRIEL
VIDEO Y TEXTO VERÓNICA VILLALVAZO (FRIDAGUERRERA)
A dos años de la desaparición que sufriera Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez en el Estado de Oaxaca el columnista Miguel Ángel Granados Chapa, integrante de la extinta Comisión de Mediación la cual mantenía la intermediación para resolver el caso de los eperristas desaparecidos,
En entrevista, momentos antes de la conferencia magistral “La Desaparición forzada en México: Caso EPR” que dio en la Ciudad de Oaxaca en solidaridad con Margarita Cruz Sánchez y Nadín Reyes Maldonado el maestro Granados Chapa aseguró que el EPR frenó sus tácticas armadas en atención al compromiso de la comisión, pero al ya no existir ésta, pueden actuar y posiblemente en estos días lancen algún comunicado.
Lamentó que a dos años que se inició una averiguación previa s en los tres niveles de poder, no se tenga respuesta alguna por ninguno de ellos, con esto se muestra la negligencia, al negarse las autoridades a reconocer su responsabilidad en esta “desaparición forzada”.
“El gobierno federal panista daría un paso beneficioso y su favor si reconociera que fueron las autoridades las que desaparecieron a los eperristas, es imposible que el gobierno continúe negándose a admitir que los 3 niveles de gobierno tuvieron que ver con la desaparición, y si la comisión retoma sus tareas, se presionará para que reconozcan su actuación en la desparecieron de Reyes Amaya y Cruz Sánchez”. Mantuvo.
No se duda que puedan estar al no encontrarse evidencias de que no están con vida. “Es posible que estén en cárceles clandestinas, ya que existen experiencias de desparecidos que a pesar de los años, son encontrados”. Concluyó
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.
VERÓNICA VILLALVAZO(FRIDAGUERRERA)
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sábado, 21 de febrero de 2009
INTERVENCIÓN NADIN REYES; HIJA DE EPERRISTA
A la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
A los Medios de Comunicación
Cuando hablamos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca viene a nuestras mentes la imagen de todo un pueblo organizado, un pueblo que sin importar militancias, ni clases se unió para luchar y combatir por defender sus derechos. Un pueblo dispuesto a morir por lograr justicia y libertad.
La APPO ha significado para muchos movimientos del país y del mundo un ejemplo a seguir, un ejemplo claro de lo que el pueblo es capaz de lograr cuando esta unido, cuando en una sola voz se escuchan todas las voces de los sin voz, y cuando la lucha de uno es la lucha de todos. La APPO demostró la capacidad que tiene el pueblo para organizarse, y responder ante la embestida de un gobierno asesino y represor como lo es Ulises Ruiz. La APPO demostró que no hay enemigo invencible cuando se tienen la fuerza y el coraje de todo un pueblo unido con sed de justicia y libertad.
Hoy como aquellos días la APPO debe continuar leal y firme ante los principios y fundamentos sobre los cuales se creo, mantener la unidad y no permitir que las diferencias destruyan lo que tanto sufrimiento y dolor ha costado. Por todos aquellos compañeros y compañeras que durante el conflicto del 2006 sufrieron en carne propia la represión, es que hoy no se debe permitir que la APPO se divida.
Este segundo congreso debe permitir el análisis y la reflexión sobre lo que es y tiene que ser la APPO de ahora en adelante, pues la APPO debe responder a los intereses y necesidades de todo el pueblo Oaxaqueño y estar dispuesta a luchar por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo.
La APPO tiene la capacidad para lograr que el pueblo de Oaxaca sea la punta de lanza en la liberación de los pueblos y lo ha demostrado, razón por la cual hoy todos y cada uno de nosotros debemos reflexionar sobre nuestro actuar mismo y ver que es lo que cada uno de nosotros es capaz de hacer y dar para lograr un cambio real de nuestro pueblo. Es momento de dejar a un lado los discursos y plasmarlo en hechos, de lo contrario estaremos repitiendo lo que tanto odiamos y combatimos.
Es por eso que hoy apegando a esa Asamblea unida y solidaria, El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” les hace el llamado a que juntos exijamos la presentación con vida de nuestros desaparecidos Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Lauro Juárez. Por quienes los familiares venimos exigiendo su presentación con vida desde hace ya mas de un año. El gobierno Estatal y federal durante todo este tiempo se ha burlado y ha jugado con el dolor de nuestras familias y no sólo eso sino que también sigue cometiendo estas prácticas de Desaparición Forzada sin que nadie se lo impida. Por esta razón los familiares solicitamos hoy su apoyo, su solidaridad y su coraje para lograr la presentación con vida de nuestros desaparecidos. El Estado podrá intimidar y hacer caso omiso de las exigencias de los individuos por separado, pero no podrá hacerlo en contra de todo un pueblo unido y organizado que luche y defienda sus derechos. Por eso les pedimos hacer suya nuestra lucha que también es su lucha.
Hoy solicitamos ante este congreso que como parte plan acción se considere como un punto medular e importante la exigencia por la presentación con vida de nuestros desaparecidos y la libertad de nuestros presos.
La APPO debe ser incluyente, propositiva y capaz de actuar de manera inmediata ante las violaciones a nuestros derechos. Las demandas del pueblo deben ser escuchadas y apoyadas por la APPO, no queremos una APPO de discursos, sino una APPO de demuestre en los hechos que esta con el pueblo y para el pueblo.
Por cada uno de nuestros compañeros muertos, torturados y desaparecidos debemos continuar luchando por una APPO unida, solidaria y combativa.
¡POR QUE VIVIOS SE LOS LLEVARON VIVIOS LOS QUEREMOS!
¡DESAPARECIDOS PRESENTACIÓN!
¡NI UN DESAPARECIDO MÁS!
Comité de familiares de Detenidos - Desaparecidos” Hasta Encontrarlos”
!HASTA ENCONTRARLOS!
domingo, 15 de febrero de 2009
CNDH pide a gobiernos federal y oaxaqueño presentación de dos desaparecidos de EPR
También demandó la restitución de las garantías de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, así como la reparación de los daños a éstos y sus familiares mediante indemnización.
Fuente:La Jornada On Line
Publicado: 15/02/2009 15:51
México, DF. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; al gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz Ortiz, y al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José antonio Hernández Fraguas, la recomendación 7/2009 por el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, cuya desaparición, registrada el 24 de mayo de 2007, fue denunciada ante ese organismo y cuya presentación reclama el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
En ese sentido, la CNDH demanda la presentación con vida de los ya mencionados y, al considerar que han sido acreditadas las violaciones a los derechos humanos de los mismos, pide su restitución, así como la reparación tanto a ellos como a sus familiares por los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, mediante la indemnización correspondiente.
Según un comunicado del organismo, sus investigaciones dan indicios suficientes para establecer que servidores públicos de la entonces Secretaría de Protección Ciudadana, actualmente Secretaría de Seguridad Pública, y de la Procuraduría General de Justicia, ambas del gobierno del estado de Oaxaca, así como de la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca de Juárez omitieron realizar las acciones adecuadas para ubicar el paradero de los presuntos desaparecidos.
Además, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), tiene radicada una investigación de este caso sin haber obtenido resultado alguno para esclarecerlo después de 18 meses.
La indagatoria del organismo también refiere que los expedientes analizados documentan que servidores públicos de diversas dependencias del gobierno oaxaqueño participaron en el operativo del 24 de mayo de 2007; fecha en la que desaparecieron ambos individuos. Incluso, añade la CNDH ,los informes rendidos por las autoridades involucradas incurren en omisiones y graves contradicciones sobre el caso.
En ese sentido, sostiene el organismo, "cobra mayor certeza la presunción de que ambos agraviados fueron detenidos en el mencionado operativo y posteriormente trasladados de manera velada a las instalaciones de la procuraduría estatal".
La falta de apego a la verdad y las contradicciones en los informes de las autoridades responsables, así como su falta de voluntad para colaborar con la CNDH en la investigación del caso se traducen en actos de entorpecimiento para esclarecer la verdad de estos hechos.
Asimismo, considera que la PGR incurrió en ejercicio indebido de la función pública en la procuración de justicia, dada su negativa a colaborar en la investigación de la CNDH.
Lo anterior confirma que el Estado dejó de cumplir los compromisos adquiridos en el plano internacional en materia de derechos humanos, ante lo cual esta Comisión Nacional demanda se dé a conocer, de manera inmediata, la verdad de los hechos que propiciaron la detención y desaparición de los agraviados, así como la suerte final que corrieron; se les deje en completa libertad o se les ponga a disposición de las autoridades competentes en el supuesto de que hayan incurrido en la comisión de alguna conducta delictiva.
Por todo ello, le solicita a la PGR que determine conforme la averiguación previa correspondiente; al gobierno oaxaqueño,no sólo investigar a los servidores públicos de la actual Secretaría de Seguridad Pública involucrados en los hecho, sino también al entonces director de la Policía Ministerial de la procuraduría estatal y las acciones y omisiones del personal de la dirección del servicio de emergencia 066, Oaxaca.
A la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez en tanto, se le solicita investigar administrativamente a los servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública involucrados, que impidieron y obstaculizaron el pleno ejercicio de las funciones constitucionales de la CNDH.
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Fuente:La Jornada On Line
Publicado: 15/02/2009 15:51
México, DF. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; al gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz Ortiz, y al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José antonio Hernández Fraguas, la recomendación 7/2009 por el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, cuya desaparición, registrada el 24 de mayo de 2007, fue denunciada ante ese organismo y cuya presentación reclama el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
En ese sentido, la CNDH demanda la presentación con vida de los ya mencionados y, al considerar que han sido acreditadas las violaciones a los derechos humanos de los mismos, pide su restitución, así como la reparación tanto a ellos como a sus familiares por los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, mediante la indemnización correspondiente.
Según un comunicado del organismo, sus investigaciones dan indicios suficientes para establecer que servidores públicos de la entonces Secretaría de Protección Ciudadana, actualmente Secretaría de Seguridad Pública, y de la Procuraduría General de Justicia, ambas del gobierno del estado de Oaxaca, así como de la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca de Juárez omitieron realizar las acciones adecuadas para ubicar el paradero de los presuntos desaparecidos.
Además, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), tiene radicada una investigación de este caso sin haber obtenido resultado alguno para esclarecerlo después de 18 meses.
La indagatoria del organismo también refiere que los expedientes analizados documentan que servidores públicos de diversas dependencias del gobierno oaxaqueño participaron en el operativo del 24 de mayo de 2007; fecha en la que desaparecieron ambos individuos. Incluso, añade la CNDH ,los informes rendidos por las autoridades involucradas incurren en omisiones y graves contradicciones sobre el caso.
En ese sentido, sostiene el organismo, "cobra mayor certeza la presunción de que ambos agraviados fueron detenidos en el mencionado operativo y posteriormente trasladados de manera velada a las instalaciones de la procuraduría estatal".
La falta de apego a la verdad y las contradicciones en los informes de las autoridades responsables, así como su falta de voluntad para colaborar con la CNDH en la investigación del caso se traducen en actos de entorpecimiento para esclarecer la verdad de estos hechos.
Asimismo, considera que la PGR incurrió en ejercicio indebido de la función pública en la procuración de justicia, dada su negativa a colaborar en la investigación de la CNDH.
Lo anterior confirma que el Estado dejó de cumplir los compromisos adquiridos en el plano internacional en materia de derechos humanos, ante lo cual esta Comisión Nacional demanda se dé a conocer, de manera inmediata, la verdad de los hechos que propiciaron la detención y desaparición de los agraviados, así como la suerte final que corrieron; se les deje en completa libertad o se les ponga a disposición de las autoridades competentes en el supuesto de que hayan incurrido en la comisión de alguna conducta delictiva.
Por todo ello, le solicita a la PGR que determine conforme la averiguación previa correspondiente; al gobierno oaxaqueño,no sólo investigar a los servidores públicos de la actual Secretaría de Seguridad Pública involucrados en los hecho, sino también al entonces director de la Policía Ministerial de la procuraduría estatal y las acciones y omisiones del personal de la dirección del servicio de emergencia 066, Oaxaca.
A la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez en tanto, se le solicita investigar administrativamente a los servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública involucrados, que impidieron y obstaculizaron el pleno ejercicio de las funciones constitucionales de la CNDH.
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