■ La comisión mediadora podría suspender su labor si las autoridades no coadyuvan
■ Esperan una respuesta para que la Sedena, el Cisen y la PGR les brinden acceso a datos
Fabiola Martínez
El escritor Carlos Montemayor, vocero de la comisión de mediación para el caso de los desaparecidos que reclama el Ejército Popular Revolucionario (EPR), solicitó al gobierno federal una decisión “más clara y a fondo” para que como intermediarios tengan acceso a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) y a la Procuraduría General de la República (PGR).
De la respuesta que ofrezca el gobierno, posiblemente por medio de la Secretaría de Gobernación, los comisionados sabrán si el proceso de mediación continúa o se suspende definitivamente.
El escritor explicó que durante las indagatorias –tanto policiales como militares– ha habido “falta de coordinación” de dichas instancias gubernamentales, tanto para dar con el paradero de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, como en los intentos de acercamiento con la directiva del grupo guerrillero.
Aunque el EPR hizo detonar bombas en instalaciones de Pemex (en julio del año pasado), precisamente para reclamar al gobierno la presentación con vida de sus compañeros (Reyes Amaya y Cruz Sánchez), Gobernación sólo dedicó en su segundo informe de labores seis líneas a este caso.
En la página 47, correspondiente a las acciones de la Subsecretaría de Gobierno que encabeza Abraham González Uyeda, se coloca en el apartado de “acuerdos” las reuniones efectuadas entre esta dependencia y la comisión de mediación para “sumar esfuerzos” a la aparición de los eperristas.
“Se ha reiterado la disposición del gobierno federal para que las familias de los señores Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez participen, bajo la figura política de la coadyuvancia, en las indagatorias que realiza la PGR. Asimismo, que algunos miembros de la comisión de mediación den seguimiento a las indagatorias que realiza el Ministerio Público”, se afirma en el informe gubernamental.
Montemayor dijo en entrevista que, de acuerdo con los documentos que la comisión de mediación hizo públicos el pasado 14 de agosto, las consultas realizadas por dicha instancia y los informes y testimonios recibidos por diversos sectores: analistas y ciudadanos, han llevado a este grupo de intermediadores al planteamiento de varias hipótesis que podrían aclarar muchas de las acciones “claras y ambiguas” del gobierno federal.
Por ejemplo, dijo, los numerosos intentos de parte del gobierno federal y de diversas corporaciones para establecer contacto con el EPR han oscurecido en algunos sectores, tanto policiales como militares, la función que puede desempeñar la mediación en esta mesa de diálogo.
Por otro lado, agregó, como lo expresamos en nuestros documentos del 13 de junio y del 13 de agosto, hay suficientes elementos para suponer que no hay una coordinación en el gobierno federal entre las dependencias policiales y militares que han intervenido en el esclarecimiento de esa desaparición forzada de personas y en los intentos de acercamiento formal e informal con el EPR.
“En este sentido la comisión de mediación entiende que el proceso requiere ahora una decisión más clara y a fondo del gobierno federal que debe consistir en la posibilidad de que los intermediarios podamos tener acceso a Sedena, Cisen y PGR, con el propósito de no triangular las posibles respuestas y planteamientos que hemos esbozado”, señaló Montemayor.
“Hasta este momento sólo el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario ha dado una respuesta clara a propósito de la continuación de la tregua y a propósito de su interés porque la tarea de intermediación prosiga. La comisión continúa esperando una respuesta definitiva del gobierno federal”, dijo.
La comisión ha tenido algunos comunicados informales del interés que tiene el gobierno federal en que continúen desarrollándose las tareas de la comisión de intermediación. Sin embargo, esta instancia se encuentra a la espera y considera que antes de que termine este mes o a principios del próximo, el gobierno federal dará a conocer su decisión.
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