Edmundo Reyes Amaya –presunto integrante del EPR– es buscado por Nadín, su hija, quien hasta el momento de su desaparición desconocía la militancia guerrillera de su padre.
Nadín Reyes Maldonado dejó su trabajo en la Ciudad de México como maestra en un jardín de niños, para dedicarse a la búsqueda de su padre Edmundo Reyes Amaya, presunto militante del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
El grupo armado ha reclamado a través de varios comunicados la presentación con vida de Reyes Amaya, Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez y de un tercero del que no ha dado su nombre.
La exigencia que hace el EPR a las autoridades de Oaxaca y al gobierno federal para que Edmundo Reyes Amaya sea presentado con vida, es un soporte en la búsqueda que realiza Nadín, a través de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).
“A veces siento ese apoyo moral (el reclamo del EPR), pero es confuso por venir de un grupo armado. Eso me genera muchos sentimientos encontrados, no es algo sencillo, aunque la gente dice que debo sentirme orgullosa de que mi papá sea un luchador social y que no debo tener rencor hacia él”, dice en entrevista.
La joven de 25 años habla poco de su madre por temor a que ahora le pueda pasar algo a ella, pero asegura que la enfermedad nerviosa que padece se ha agudizado y que, por ahora, cuida sola del comercio de abarrotes que antes administraba al lado de su esposo.
“Mi mamá tiene un problema muy grave de nervios, está bajo tratamiento psiquiátrico, en apariencia aguanta, pero me dicen que se quiebra. Tiene la sensación de que no la dejan tranquila, está pasando por algo muy difícil”, relata Nadín.
La familia de Edmundo Reyes todavía no entiende cómo fue que el hombre de 50 años se organizaba con el grupo armado. “En mi mamá hay un conflicto emocional por que me dice que entre ella y mi papá nunca había secretos, todo se contaban. Cuando se entera de lo del EPR, fue como si le cayera un balde de agua fría. No se explica cuánto tiempo pasó, en qué momento ocurrió todo, si es que fuera verdad que el decidió estar en ese movimiento”.
La incertidumbre
Nadín, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), asegura que su padre es una persona tranquila, que le gusta el deporte y es selectivo con sus amistades. “Tenía amigos en el béisbol, sobre todo con quienes compartía el gusto por el equipo Atlanta de Estados Unidos. Él fue jugador profesional en Oaxaca con los Astros y jugó en México con los Delfines”, dice orgullosa.
Después de varios años de estudio en la UPN, ahora Nadín se dedica a leer sobre cómo opera el grupo armado. Ella hace el recuento de las acciones de su padre y no encuentra el momento en que haya realizado algún trabajo con tintes guerrilleros.
“Los que son del EPR no tienen que estar en la sierra o en las montañas forzosamente. De acuerdo con lo que he leído, los militantes también se encargan de sensibilizar a la gente, examino fechas y acciones pero no me viene a la mente ningún momento en el que pudo haber hecho algo parecido”, dice.
“Me informo pero no hago conjeturas por que hay cosas que no entiendo y yo quiero que él me explique. No me compete a mi juzgarlo, cuando mi papá aparezca él se encargará de aclararnos las cosas, él tendrá sus razones del porqué lo hizo, si es que lo hizo”, indicó.
La joven oaxaqueña regresó a su lugar de nacimiento en medio de un conflicto que además, dice, le causa confusión por que el EPR en sus discursos también se refiere al mismo.
Negligencia oficial
En un comunicado del 27 de junio, el Ejército Popular Revolucionario, señala que el Gobierno “criminal” de Ulises Ruiz, tiene a sus dos militantes en su poder y que los ha torturado física y psicológicamente en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), luego de más de 30 días de desaparecidos.
“Ya son 33 días los que llevan nuestros camaradas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo en calidad de detenidos-desaparecidos por este gobierno criminal; 33 días de tortura física y psicológica; 33 días de ensañamiento mientras los hombres del sistema siguen buscando las argucias legaloides para presentarlos como delincuentes o terroristas; 33 días de incertidumbre y dolor para amigos y familiares”, se lee.
Esto provoca que Nadín Reyes se sienta desesperada al no poder hacer más por su papá, además de que las autoridades le nieguen el apoyo que le corresponde. “Me genera mucha impotencia, porque si están ahí en la procuraduría, por qué no hacen algo, siento angustia y si las autoridades saben que están ahí por qué no hacen algo”.
El 17 de julio, Nadín y la integrante del área jurídica de la Limeddh, Teresa Gómez López, acudieron a la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar penalmente la desaparición forzada de su padre. Sin embargo, el delegado de esa dependencia federal, Javier Dovalá Molina, se negó a recibirla la denuncia.
“Me dio mucho coraje y desconfianza de las autoridades por que no me aceptaron mi denuncia, se supone que ellos están ahí para velar por la protección de las personas y no mostraron ningún interés”, reclama la joven.
El delegado ordenó que ningún agente del ministerio público federal le tomara la declaración de su comparecencia, en virtud de que esa autoridad es incompetente para conocer del hecho.
Ante esta situación la hija del Edmundo Reyes Amaya, presunto eperrista, dijo que interpondrá su queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y ante organismos internacionales. Añade que no se doblegará por que tiene el compromiso con su hermano y su mamá que confían en que agotará hasta el último recurso jurídico para encontrar a su padre.
Militantes auténticos
La abogada oaxaqueña Yazaha Sandoval Juárez, encargada de llevar el caso de los presos de San Agustín Loxicha, acusados y encarcelados de pertenecer al EPR, podrían ser militantes “auténticos”.
“Si los están reivindicando como sus militantes, quizá saben que están en peligro y por eso los están reclamando. A los loxichas nadie los reconoció como suyos, yo creo que ahora lo son. Hay notas periodísticas en donde dicen que fueron trasladados al campo militar número uno, lo que no es extraño, porque eso hacían con los desaparecidos en la década de 1970, se los llevaban y nunca más se sabía de ellos. Suponemos que hora está sucediendo lo mismo”, señaló.
Sandoval Juárez explica que los casos atendidos por el despacho en el que labora, dirigido por el abogado Israel Ocho Lara, son distintos porque los 152 presos sólo fueron acusados de pertenecer al EPR en 1996, pero nunca hubo un comunicado del grupo guerrillero exigiendo su libertad. Aún así están pendientes del procedimiento jurídico para buscar a los dos presuntos guerrilleros.
“En este caso desaparecieron dos personas, ya se interpusieron amparos en donde nos informan, aquí en Oaxaca, que no saben en donde estén. Se está esperando a nivel nacional a ver qué responden, porque todavía no hay respuesta oficial”.
Cuando Diódoro Carrasco Altamirano era el gobernador de Oaxaca, hubo 152 presos, quedan 12, de los cuáles cinco están por salir preliberados. Salieron 57 por la Ley de Amnistía estatal, pero todos los demás por amparos, sentencias absolutorias por falta de elementos y otros recursos legales, detalló la abogada de los loxichas.
“Muchos de los indígenas presuntamente eperristas fueron desaparecidos y torturados con golpes, les vendaron los ojos, les aplicaron el tehuacanazo, toques eléctricos, los trasladaron en aviones, los amenazaron con que desde ahí los iban a tirar y, en la denuncia, los inculpados decían que habían sido los policías”, explica la abogada.
El deslinde
El Gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz, se deslinda de haber aprehendido y de tener en alguna de las cárceles a los presuntos militantes del Ejército Popular Revolucionario, aún cuando el grupo guerrillero asegura que fueron los policías estatales quienes detuvieron y mantienen desaparecidos a sus compañeros.
“Yo he sido muy claro en ese sentido; también el procurador y el secretario de Protección Ciudadana. Nos deslindamos. No tenemos absolutamente nada que ver. No hay órdenes de aprehensión, ni procesos de investigación contra estas dos personas. Tampoco tenemos registro de que hayan llegado al estado”, asegura Ruiz Ortiz.
No quiso hacer ningún señalamiento en contra del gobierno federal y reiteró que su administración no tiene nada que ver con esas desapariciones-detenciones. “No estoy señalando a nadie, el gobierno estatal no tiene absolutamente nada que ver con esas presuntas desapariciones. No están en las cárceles de Oaxaca”, concluye.
La voz del EPR
El EPR difunde a través de Internet un primer comunicado el 7 de junio, con las dos fotografías de sus militantes y acusa al Gobierno de Ulises Ruiz de haberlos desaparecido.
El grupo armado se ha adjudicado de las acciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y de la Sección del magisterio en contra de Ruiz, mismos a los que les pide no cesar en su lucha.
“El día 25 de mayo de este año, en la ciudad de Oaxaca, entre las 20 y 22 horas en una acción fortuita de la policía, fueron detenidos tres de nuestros militantes: Raymundo Rivera Bravo de 55 años, Edmundo Reyes Amaya de 50 años y un tercero del cual por el momento no tenemos sus datos personales”.
En otro comunicado, del 27 de junio, el grupo armado informa que “ya son 33 días los que llevan nuestros camaradas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo en calidad de detenidos-desaparecidos por este gobierno criminal; 33 días de tortura física y psicológica; 33 días de ensañamiento mientras los hombres del sistema siguen buscando las argucias legaloides para presentarlos como delincuentes o terroristas; 33 días de incertidumbre y dolor para amigos y familiares”.
El 10 de julio, el EPR, además de adjudicarse las explosiones en los ductos de Petróleos Mexicanos en Guanajuato y Querétaro, reitera que ese tipo de acciones no cesarán hasta la presentación con vida de sus compañeros.
“Tres pelotones mixtos, conformados por unidades urbanas y rurales pertenecientes al destacamento Francisco Javier Mina y contando con el apoyo de milicias populares de todo el estado, han realizado acciones quirúrgicas de hostigamiento, poniendo 8 cargas explosivas en los ductos de Pemex ubicados en Celaya, Salamanca, Valle de Santiago Guanajuato y en la válvula de seccionamiento de Coroneo, activadas simultáneamente los días 5 y 10 de julio.
“A nuestro pueblo le informamos que las acciones de hostigamiento no pararán hasta que el gobierno de Felipe Calderón y de Ulises Ruiz presenten con vida a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos-desaparecidos desde el 25 de mayo en Oaxaca”, señala el texto.
Publicado: Año 3 / Agosto de 2007 / No. 33Nadín Reyes Maldonado dejó su trabajo en la Ciudad de México como maestra en un jardín de niños, para dedicarse a la búsqueda de su padre Edmundo Reyes Amaya, presunto militante del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
El grupo armado ha reclamado a través de varios comunicados la presentación con vida de Reyes Amaya, Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez y de un tercero del que no ha dado su nombre.
La exigencia que hace el EPR a las autoridades de Oaxaca y al gobierno federal para que Edmundo Reyes Amaya sea presentado con vida, es un soporte en la búsqueda que realiza Nadín, a través de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).
“A veces siento ese apoyo moral (el reclamo del EPR), pero es confuso por venir de un grupo armado. Eso me genera muchos sentimientos encontrados, no es algo sencillo, aunque la gente dice que debo sentirme orgullosa de que mi papá sea un luchador social y que no debo tener rencor hacia él”, dice en entrevista.
La joven de 25 años habla poco de su madre por temor a que ahora le pueda pasar algo a ella, pero asegura que la enfermedad nerviosa que padece se ha agudizado y que, por ahora, cuida sola del comercio de abarrotes que antes administraba al lado de su esposo.
“Mi mamá tiene un problema muy grave de nervios, está bajo tratamiento psiquiátrico, en apariencia aguanta, pero me dicen que se quiebra. Tiene la sensación de que no la dejan tranquila, está pasando por algo muy difícil”, relata Nadín.
La familia de Edmundo Reyes todavía no entiende cómo fue que el hombre de 50 años se organizaba con el grupo armado. “En mi mamá hay un conflicto emocional por que me dice que entre ella y mi papá nunca había secretos, todo se contaban. Cuando se entera de lo del EPR, fue como si le cayera un balde de agua fría. No se explica cuánto tiempo pasó, en qué momento ocurrió todo, si es que fuera verdad que el decidió estar en ese movimiento”.
La incertidumbre
Nadín, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), asegura que su padre es una persona tranquila, que le gusta el deporte y es selectivo con sus amistades. “Tenía amigos en el béisbol, sobre todo con quienes compartía el gusto por el equipo Atlanta de Estados Unidos. Él fue jugador profesional en Oaxaca con los Astros y jugó en México con los Delfines”, dice orgullosa.
Después de varios años de estudio en la UPN, ahora Nadín se dedica a leer sobre cómo opera el grupo armado. Ella hace el recuento de las acciones de su padre y no encuentra el momento en que haya realizado algún trabajo con tintes guerrilleros.
“Los que son del EPR no tienen que estar en la sierra o en las montañas forzosamente. De acuerdo con lo que he leído, los militantes también se encargan de sensibilizar a la gente, examino fechas y acciones pero no me viene a la mente ningún momento en el que pudo haber hecho algo parecido”, dice.
“Me informo pero no hago conjeturas por que hay cosas que no entiendo y yo quiero que él me explique. No me compete a mi juzgarlo, cuando mi papá aparezca él se encargará de aclararnos las cosas, él tendrá sus razones del porqué lo hizo, si es que lo hizo”, indicó.
La joven oaxaqueña regresó a su lugar de nacimiento en medio de un conflicto que además, dice, le causa confusión por que el EPR en sus discursos también se refiere al mismo.
Negligencia oficial
En un comunicado del 27 de junio, el Ejército Popular Revolucionario, señala que el Gobierno “criminal” de Ulises Ruiz, tiene a sus dos militantes en su poder y que los ha torturado física y psicológicamente en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), luego de más de 30 días de desaparecidos.
“Ya son 33 días los que llevan nuestros camaradas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo en calidad de detenidos-desaparecidos por este gobierno criminal; 33 días de tortura física y psicológica; 33 días de ensañamiento mientras los hombres del sistema siguen buscando las argucias legaloides para presentarlos como delincuentes o terroristas; 33 días de incertidumbre y dolor para amigos y familiares”, se lee.
Esto provoca que Nadín Reyes se sienta desesperada al no poder hacer más por su papá, además de que las autoridades le nieguen el apoyo que le corresponde. “Me genera mucha impotencia, porque si están ahí en la procuraduría, por qué no hacen algo, siento angustia y si las autoridades saben que están ahí por qué no hacen algo”.
El 17 de julio, Nadín y la integrante del área jurídica de la Limeddh, Teresa Gómez López, acudieron a la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar penalmente la desaparición forzada de su padre. Sin embargo, el delegado de esa dependencia federal, Javier Dovalá Molina, se negó a recibirla la denuncia.
“Me dio mucho coraje y desconfianza de las autoridades por que no me aceptaron mi denuncia, se supone que ellos están ahí para velar por la protección de las personas y no mostraron ningún interés”, reclama la joven.
El delegado ordenó que ningún agente del ministerio público federal le tomara la declaración de su comparecencia, en virtud de que esa autoridad es incompetente para conocer del hecho.
Ante esta situación la hija del Edmundo Reyes Amaya, presunto eperrista, dijo que interpondrá su queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y ante organismos internacionales. Añade que no se doblegará por que tiene el compromiso con su hermano y su mamá que confían en que agotará hasta el último recurso jurídico para encontrar a su padre.
Militantes auténticos
La abogada oaxaqueña Yazaha Sandoval Juárez, encargada de llevar el caso de los presos de San Agustín Loxicha, acusados y encarcelados de pertenecer al EPR, podrían ser militantes “auténticos”.
“Si los están reivindicando como sus militantes, quizá saben que están en peligro y por eso los están reclamando. A los loxichas nadie los reconoció como suyos, yo creo que ahora lo son. Hay notas periodísticas en donde dicen que fueron trasladados al campo militar número uno, lo que no es extraño, porque eso hacían con los desaparecidos en la década de 1970, se los llevaban y nunca más se sabía de ellos. Suponemos que hora está sucediendo lo mismo”, señaló.
Sandoval Juárez explica que los casos atendidos por el despacho en el que labora, dirigido por el abogado Israel Ocho Lara, son distintos porque los 152 presos sólo fueron acusados de pertenecer al EPR en 1996, pero nunca hubo un comunicado del grupo guerrillero exigiendo su libertad. Aún así están pendientes del procedimiento jurídico para buscar a los dos presuntos guerrilleros.
“En este caso desaparecieron dos personas, ya se interpusieron amparos en donde nos informan, aquí en Oaxaca, que no saben en donde estén. Se está esperando a nivel nacional a ver qué responden, porque todavía no hay respuesta oficial”.
Cuando Diódoro Carrasco Altamirano era el gobernador de Oaxaca, hubo 152 presos, quedan 12, de los cuáles cinco están por salir preliberados. Salieron 57 por la Ley de Amnistía estatal, pero todos los demás por amparos, sentencias absolutorias por falta de elementos y otros recursos legales, detalló la abogada de los loxichas.
“Muchos de los indígenas presuntamente eperristas fueron desaparecidos y torturados con golpes, les vendaron los ojos, les aplicaron el tehuacanazo, toques eléctricos, los trasladaron en aviones, los amenazaron con que desde ahí los iban a tirar y, en la denuncia, los inculpados decían que habían sido los policías”, explica la abogada.
El deslinde
El Gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz, se deslinda de haber aprehendido y de tener en alguna de las cárceles a los presuntos militantes del Ejército Popular Revolucionario, aún cuando el grupo guerrillero asegura que fueron los policías estatales quienes detuvieron y mantienen desaparecidos a sus compañeros.
“Yo he sido muy claro en ese sentido; también el procurador y el secretario de Protección Ciudadana. Nos deslindamos. No tenemos absolutamente nada que ver. No hay órdenes de aprehensión, ni procesos de investigación contra estas dos personas. Tampoco tenemos registro de que hayan llegado al estado”, asegura Ruiz Ortiz.
No quiso hacer ningún señalamiento en contra del gobierno federal y reiteró que su administración no tiene nada que ver con esas desapariciones-detenciones. “No estoy señalando a nadie, el gobierno estatal no tiene absolutamente nada que ver con esas presuntas desapariciones. No están en las cárceles de Oaxaca”, concluye.
La voz del EPR
El EPR difunde a través de Internet un primer comunicado el 7 de junio, con las dos fotografías de sus militantes y acusa al Gobierno de Ulises Ruiz de haberlos desaparecido.
El grupo armado se ha adjudicado de las acciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y de la Sección del magisterio en contra de Ruiz, mismos a los que les pide no cesar en su lucha.
“El día 25 de mayo de este año, en la ciudad de Oaxaca, entre las 20 y 22 horas en una acción fortuita de la policía, fueron detenidos tres de nuestros militantes: Raymundo Rivera Bravo de 55 años, Edmundo Reyes Amaya de 50 años y un tercero del cual por el momento no tenemos sus datos personales”.
En otro comunicado, del 27 de junio, el grupo armado informa que “ya son 33 días los que llevan nuestros camaradas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo en calidad de detenidos-desaparecidos por este gobierno criminal; 33 días de tortura física y psicológica; 33 días de ensañamiento mientras los hombres del sistema siguen buscando las argucias legaloides para presentarlos como delincuentes o terroristas; 33 días de incertidumbre y dolor para amigos y familiares”.
El 10 de julio, el EPR, además de adjudicarse las explosiones en los ductos de Petróleos Mexicanos en Guanajuato y Querétaro, reitera que ese tipo de acciones no cesarán hasta la presentación con vida de sus compañeros.
“Tres pelotones mixtos, conformados por unidades urbanas y rurales pertenecientes al destacamento Francisco Javier Mina y contando con el apoyo de milicias populares de todo el estado, han realizado acciones quirúrgicas de hostigamiento, poniendo 8 cargas explosivas en los ductos de Pemex ubicados en Celaya, Salamanca, Valle de Santiago Guanajuato y en la válvula de seccionamiento de Coroneo, activadas simultáneamente los días 5 y 10 de julio.
“A nuestro pueblo le informamos que las acciones de hostigamiento no pararán hasta que el gobierno de Felipe Calderón y de Ulises Ruiz presenten con vida a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos-desaparecidos desde el 25 de mayo en Oaxaca”, señala el texto.
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