El problema de Ulises y el dilema del gobierno

Fuente: Carlos Puig/Milenio



El miércoles 30 de abril, Día del Niño, un borrego, uno de esos rumores que aparecen como un hecho, prendió en las redacciones informativas de la capital: la Procuraduría de Oaxaca estaba a punto de tomar las instalaciones en esa entidad de la Procuraduría General de la República.

Ulises iba a la guerra. La información tenía una lógica implacable. El viernes anterior, elementos de la Procuraduría General de la República, en particular de la SIEDO, y el Ejército habían entrado a varias oficinas de la procuraduría local y de policías ministeriales y habían arrestado al subdirector operativo, Pedro Hernández y, después, al policía ministerial Ángel Reyes Cruz. Además interrogaron a varios otros funcionarios, entre ellos a un pariente del gobernador Ulises Ruiz.

Aunque formalmente la investigación tiene que ver con un secuestro en el que se involucra a gente cercana al gobernador, la misma investigación muestra indicios de que los detenidos podrían tener información sobre la desaparición hace casi un año de los militantes del Ejército Popular Revolucionario Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Sánchez Anaya.

La información fue filtrada con generosidad en la semana, los detenidos se quejaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en paralelo el gobierno recibía una propuesta del EPR para comenzar un diálogo que incluya la resolución de la investigación sobre los desaparecidos.

De repente, pasado el episodio de la toma de la tribuna, la mirada del país regresaba a Oaxaca y al gobierno de Ulises Ruiz.

Como siempre, la turbiedad de la maquinaria judicial nos ha dado información a pedacitos. Como siempre, la operación judicial es oscura e ineficiente, y necesita arraigar tres meses a dos funcionarios locales para enterarse de qué pasó. Para no variar, todo indica que el mayor indicio del gobierno federal es un testigo protegido, por lo tanto anónimo. Y no es de extrañarse que Ulises Ruiz y su gobierno digan que ellos no hicieron nada malo, unos santos, pues.

Para complicar más las cosas, la PGR transportó a México a dos parientes de los desaparecidos para pedirles una muestra de ADN (lo que confirmó que la PGR piensa que los eperristas están muertos). Después de una fallida conversación y, según la hija de Reyes, en la que la PGR se negó a darles información de cómo andaba la investigación, las dos mujeres se regresaron a Oaxaca sin regalarles ni una gota de su saliva.

El miércoles, entonces, las redacciones se preparaban para cubrir la respuesta de Ulises, que según el rumor sería arrestando a miembros de la delegación de la PGR en Oaxaca. Nunca sucedió. Pero estuvo cerca de suceder. Pronto se supo que Ulises había hecho la amenaza y después de una negociación se detuvo el operativo… por lo pronto.

La acción se transformó en un desplegado publicado el viernes y firmado por la Diputación Permanente del Congreso de Oaxaca “exigiendo respeto al pacto federal” y acusando a la PGR y al Ejército de, con las acciones del viernes, incurrir en la ilegalidad y de violar la soberanía del estado de Oaxaca. Insinúan acciones legales contra la PGR y el Ejército y, por supuesto, rubrican con “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

El gobierno federal tendrá en las próximas semanas que hacer malabares en un circo de varias pistas. Por un lado, sabe que cualquier intento de diálogo con el EPR tendrá que contener información sobre los desaparecidos. Al mismo tiempo tendrá que decidir, si es que tiene la información, si actúa contra funcionarios cercanos a Ruiz y, por tanto, pone en riesgo su alianza legislativa con el Partido Revolucionario Institucional.

Esa alianza tan necesaria los próximos meses en que se debatirá y se legislará sobre la reforma energética.

No hay reforma sin PRI, y no creo que haya PRI para la reforma sin Ulises a bordo.

¿Por qué dudó Ulises el miércoles? ¿El borrego fue sólo un acto de intimidación? ¿Qué fue lo que convirtió un operativo policiaco en un desplegado?

Necesitará el gobierno de Calderón hilar fino.

Tiene en alguna casa de arraigos, a un par de funcionarios oaxaqueños, tiene una averiguación previa en que involucra al actual dirigente del PRI estatal, buen amigo del gobernador, en presuntas actividades delictivas.

Tiene como prioridad sacar adelante una reforma energética contra un movimiento en las calles que seguramente no aceptará nada que no sea lo que él quiere, más allá de debates o referendos.

Y ahora, puede sentar a dialogar a un grupo armado, cuyas acciones el año pasado le costaron millones y millones al país, y cuya voluntad de no reincidir depende de lo que el gobierno haga frente a Ulises.

No está fácil.

Si hay talento, es el momento de usarlo.

!HASTA ENCONTRARLOS!