Oaxaca: funcionarios ¿y delincuentes?

PLAZA PÚBLICA
Fuente:Miguel Ángel Granados Chapa/reforma
4 May. 08

A unos días de que se cumpla un año de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez las indagatorias del caso empiezan a moverse. Aunque el repentino activismo ministerial despierta sospechas

Aunque en el círculo cercano al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, no las tienen todas consigo, la vida rumbosa no pierde su lugar: a la boda (en el suntuoso templo de Santo Domingo) de Alma Rosa Franco Vargas y Ricardo Ruiz Zaragoza acudieron Jorge, hermano de la novia, y Lizbeth Caña, madrina de los contrayentes. Jorge Franco Vargas fue secretario de Gobierno hasta 2006 y ahora encabeza el comité estatal del PRI; ella actuó como procuradora de Justicia antes de pretender ser diputada local (lo que, paradójicamente fue impedido por el avasallador éxito priista en las elecciones legislativas del año pasado, que dejó sin oportunidad a quienes como ella estaban en la lista plurinominal). Para resarcirla de su derrota individual, Ruiz la hizo volver al gobierno, esta vez como auditora general.

Sus nombres están hoy en la prensa no sólo por sus funciones públicas y su esparcimiento social, sino porque figuran en una averiguación previa integrada por el Ministerio Público federal. Jesús Díaz Parada, quien permaneció secuestrado de abril a octubre del año pasado, y por cuya libertad su familia pagó una suma no revelada, fue convocado en febrero por la delegación de la PGR en Oaxaca. Allí Díaz Parada, conocido como Don Chuy, hermano del narcotraficante Pedro Díaz Parada, señaló a Jorge Franco como "el responsable de ordenar su plagio; al ex jefe de la Policía Ministerial Manuel Moreno, de llevarlo a cabo" y a Caña "de facilitar el vehículo en que fue secuestrado". Dijo saberlo porque así se lo había confiado uno de sus secuestradores, que lo cuidaba en la casa de seguridad donde permaneció seis meses, que era al mismo tiempo agente ministerial. En un fenómeno inverso al síndrome de Estocolmo (en el que las víctimas simpatizan con sus verdugos), el secuestrador chismeaba con el secuestrado sobre la vida cotidiana de la Procuraduría oaxaqueña. Mencionó en sus conversaciones a Ángel Reyes Cruz, apodado El Chicharrón o El Chicharrín, quien habría "matado a un perro muy fino de un doctor o ingeniero" (Reforma, 3 de mayo).

El nombre y el alias de Reyes Cruz figuraban ya en otra averiguación previa federal, muy anterior, y por hechos más graves. Otro agente policiaco lo había involucrado, desde noviembre del año pasado, en la detención de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez ocurrida el 25 de mayo de 2007, hecho en que habría participado también su jefe, Pedro Hernández. Cinco meses después de la declaración de un testigo protegido (cuyo nombre se oculta pero cuya identidad ha sido reconocida aun por su antiguo jefe, el ahora presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Anuar Mafud, de quien fue escolta), el Ministerio Público federal detuvo a Hernández y a Reyes, quienes están desde la semana pasada sometidos a arraigo durante 90 días para determinar si se les acusa formalmente por esa captura, cuyas víctimas fueron hechas desaparecer y que eran, no agentes policiacos de otra entidad como habrían supuesto sus captores, sino miembros de alto rango del EPR.

La detención de los policías Pedro Hernández y Ángel Reyes ocurrió en el marco de una batida que inquietó y escandalizó a los legisladores que integran la diputación permanente del Congreso oaxaqueño, quienes describen así los hechos:

"El día viernes 25 de abril, elementos del Ejército mexicano, de la Policía Federal Preventiva y agentes del Ministerio Público de la Federación, realizaron dos incursiones en instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado: la primera, a las 09:00 horas en el cuartel de la policía ministerial, en la cual aseguraron al subdirector operativo Pedro Hernández Hernández, y la segunda, a la misma hora, en las oficinas que ocupa la Subprocuraduría Regional de la Costa, con sede en Puerto Escondido, en la que aseguraron al agente de la policía ministerial Ángel Reyes Cruz, con placa número 421.

"El mismo día, por la tarde, a partir de las 18:00 horas, elementos del Ejército mexicano, de la Policía Federal Preventiva y una persona que dijo llamarse licenciado Jesús Cárdenas Méndez, agente del Ministerio Público adscrito a la SIEDO, sin acreditarlo ni mostrar documento alguno, llevaron a cabo nuevos actos ahora sobre los archivos de la Procuraduría General del estado, por lo que el titular de la dependencia, doctor Evencio Nicolás Martínez, ante el ejercicio de la fuerza y para evitar confrontaciones, procedió a facilitar la revisión solicitada (una vez concluida la cual) se retiraron de sus instalaciones".

Esa narración forma parte de un alegato en que los diputados locales exigen "respeto al pacto federal". No son los mismos, porque hubo ya elecciones, pero en 2006 legisladores locales exigían lo mismo, que el pacto federal se cumpliera y llegara la fuerza pública a Oaxaca en apoyo del gobernador, extremo que se cumplió eficazmente, al punto de que el gobernador sigue en funciones en virtud de la decisión federal de sostenerlo. Para los legisladores de ahora, respetar el pacto federal significa no molestar a los funcionarios cercanos a Ruiz, por lo que expresaron su "enérgica protesta por los actos arbitrarios e inconstitucionales cometidos durante el día 25 de abril de 2008, por autoridades ministeriales federales, fuerzas de seguridad pública federal y Ejército mexicano en instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca".

No lo dicen los diputados, pero en la operación que denuncian fue también detenido y traído a la Ciudad de México, aunque enseguida volvió a Oaxaca sin que se le fincara responsabilidad legal alguna, Eduardo Romero Ruiz García, primo del gobernador, y director de servicios periciales de la Procuraduría estatal. A funcionarios de ésa y otras oficinas locales se les indaga también por otros delitos. Desde la policía ministerial, por ejemplo, se otorgaba protección a una partida de Zetas, los sicarios de Osiel Cárdenas Guillén (que con seguridades similares a ésa puede permitirse insolencias como organizar fiestas con motivo del Día del niño).

Formalmente están en curso tres averiguaciones públicas federales, la más antigua de las cuales se refiere a la detención-desaparición de los eperristas cuya presentación exigen sus compañeros, y en relación con la cual se practicaron las detenciones del 25 de abril. Iniciada hace 11 meses, sólo ahora se producen indicios de que se mueve. Nadin Reyes y Margarita Cruz, hija y hermana de los desaparecidos, fueron invitadas, con boleto pagado, a presentarse ante la SIEDO en el Distrito Federal. Se les pidió que accedieran a practicarse pruebas de ADN para compararlo con el de cadáveres recientemente hallados. Sorprendidas por el súbito activismo ministerial, ambas aceptaron practicarse la prueba correspondiente a condición de que se les permita acceso a la averiguación previa donde puede haber indicios sobre la suerte de su padre y hermano, a lo que la SIEDO se negó.

Reflejando la preocupación de su jefe político, el gobernador, los diputados oxaqueños atribuyen a ese activismo de la PGR un significado político. Estiman los legisladores que esos actos "implican una desestabilización política, una violación a la autonomía de la entidad, una invasión a la competencia de las autoridades, un atentado contra el principio de seguridad jurídica y una violación a los derechos humanos y constitucionales que asisten a los detenidos, lo que repercute en detrimento del Estado de derecho, según se advierte de la campaña mediática desatada en contra del estado de Oaxaca y sus autoridades, que es consecuencia de la que se inició desde el año 2006".

Según los ofendidos y clarividentes diputados de Ruiz, "los datos que está recabando inconstitucionalmente la SIEDO, son los que se están filtrando para fortalecer una campaña mediática ante la opinión pública, amén de que todo deriva de informes sesgados que se asegura han rendido diversas autoridades de inteligencia o hasta testigos protegidos, a los que presentan (sic) con alias y como ex funcionarios de la administración pública del estado de Oaxaca".

Ante la proximidad del aniversario de la captura y desaparición de Reyes y Cruz y el riesgo de que la fecha sea marcada por una nueva acción armada del EPR (sobre todo si el diálogo solicitado por éste no prospera), ¿será que el gobierno federal se dispone a abandonar su alianza con Ulises Ruiz?


Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com


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