Los límites de la mediación

Gilberto López y Rivas

Las negociaciones de conflictos armados en el interior de los estados se establecen cuando existe un mínimo de voluntad política para realizar cambios sustanciales y estructurales que resuelvan las causas que dan origen a la confrontación violenta. La dificultad radica en que los grupos en el poder no están dispuestos a pagar los costos políticos para construir un escenario viable de solución pacifica y optan por administrar los conflictos en espera de utilizar las vías policiales y militares. Sin embargo, no es imposible el recurso de la paz. Durante la guerra contrarrevolucionaria contra el gobierno sandinista de los años 80, que apoyó económica, militar, política y diplomáticamente Estados Unidos, se crearon las condiciones para una beligerancia distinta contra ese gobierno por parte de los pueblos indígenas de la Costa Caribe de ese país que se consideraron “invadidos” por los “españoles” del Pacífico.
En los primeros años de la revolución, el FSLN cometió graves errores políticos que dieron sustento socio-étnico a esa guerra en la región atlántica. Estas características del conflicto etnia/Estado nacional fueron finalmente comprendidas y asumidas por el gobierno sandinista hacia finales de 1984, dando inicio a una negociación con los rebeldes con base en una propuesta que propició una salida pacífica a la lucha fratricida que se vivía. Fue así como se estableció un régimen de autonomía reconocido constitucionalmente, con su correspondiente estatuto autonómico.
Hubo en este caso una voluntad política del Estado revolucionario decidido a satisfacer de fondo las demandas de los levantados en armas, pese a las posiciones en contra en el interior del propio grupo gobernante y no obstante el peligro geoestratégico que representaba reconocer las autonomías en al menos 40 por ciento del territorio nacional frente a las pretensiones de Estados Unidos de derrocar militarmente al gobierno revolucionario.
La historia mexicana lamentablemente muestra hasta el presente una secuela de traiciones marcada por los asesinatos de dirigentes revolucionarios como Zapata, Villa, Rubén Jaramillo, o el incumplimiento de lo pactado, como ocurrió con los acuerdos de San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996 por el EZLN y el gobierno federal.
Estos antecedentes hay que recordarlos para entender los límites de un grupo de mediación que desde la sociedad civil ha pretendido infructuosamente desde abril de este año y hasta la fecha dar con el paradero con vida de los dos militantes del PDPR-EPR que en mayo de 2007 fueron detenidos/desaparecidos en un acto criminal que la jurisprudencia tipifica como “desaparición forzada” y, por consiguiente, con la participación de agentes del Estado mexicano como victimarios.
Presionado por el fundado Informe de la Comisión de Mediación del 14 de agosto, el gobierno federal reconoció formalmente por primera vez a esta instancia con ese nombre y aceptó en definitiva en esa misma fecha que se trata de un caso de “desaparición forzada” por medio de un escueto boletín de prensa.
Al expedir su comunicado, la Secretaría de Gobernación se obliga, paradójicamente, a encontrar a los responsables de la detención/desaparición dentro de las filas del “Estado mexicano”. Este sorpresivo cambio de posición lleva explícita a una pregunta lógica: ¿existe la voluntad política del encargado del Ejecutivo federal (finalmente la más alta autoridad garante de cumplir con el estado de derecho) para ubicar y entregar a la justicia a los responsables de la detención/desaparición y presentar con vida a los eperristas, cueste lo que cueste o, como retóricamente se afirma en el medio político, caiga quien caiga? ¿Hay disposición de investigar a los mandos de la Armada, el Ejército, su sección segunda (Inteligencia), Cisen, AFI, Ulises Ruiz y sus asociados (por no decir cómplices), secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, Ministerios Públicos, procurador estatal, procurador general de la República que eventualmente podrían estar relacionados con este crimen de lesa humanidad ocurrido en Oaxaca en mayo de 2007?
¿Será que por fin se conocerá el resultado de las más 10 mil hojas de investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Este organismo también incumplirá su responsabilidad y dará carpetazo, o encontrará un conveniente “chivo expiatorio” en los más bajos niveles del Estado mexicano? ¿Por qué los medios masivos de comunicación –a excepción de La Jornada (que fue de los pocos diarios que publicaron el Informe completo en su edición electrónica)– dieron un tratamiento epidérmico y en algunos casos equívoco a las conclusiones de la comisión, cuando anteriormente las noticias sobre los dos militantes desaparecidos del EPR merecieron inusitada atención?
Por su parte, la Comisión de Mediación decidió, con base en los 39 puntos de Acciones Oficiales y Evaluaciones Diversas, enlistados en su Informe, así como en los siete puntos incluidos en las conclusiones y el Anexo técnico sobre la desaparición forzada de persona como delito de lesa humanidad, “dejar en claro a la ciudadanía, a los medios informativos, a sectores interesados del gobierno federal y al PDPR-EPR, la naturaleza de las consultas, análisis y tareas que dicha comisión ha realizado. Asimismo, y de manera esencial, que el proceso de mediación necesita ahora que aclaren con toda nitidez la actitud que están dispuestas a asumir las dos partes interesadas: el gobierno federal y el PDPR-EPR. Necesitamos una reconfirmación de la tregua del PDPR-EPR y una real voluntad política del gobierno federal que se refleje en la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y que en adelante permita el diálogo directo de la Comisión de Mediación con Sedena, el Cisen y la PGR”.


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